El término anglosajón «Homeland Security», traducido al español como «Seguridad Nacional» o «Seguridad Integral», es un amplio concepto que se refiere a la necesidad de tomar medidas relacionadas con la seguridad para reducir la vulnerabilidad de un Estado frente a posibles amenazas y ataques, tratando de minimizar los daños en caso de que estos se produjeran.
El concepto nació poco después de los atentados del 11-S en Estados Unidos, ya que a partir de esa catástrofe se empezó a percibir un cambio en las amenazas tradicionales de los estados. De pronto el enemigo, que siempre se había concebido fuera de las fronteras, se convertiría en global, hasta el punto de poder existir en diferentes territorios de forma descentralizada, incluso en el interior de las propias fronteras; y pierde el rostro, por lo que se hace cada vez más complejo prevenirlo y combatirlo. Dichas amenazas a la seguridad, se afirma, son, prioritariamente: el terrorismo internacional, la inmigración ilegal, el narcotráfico, la delincuencia organizada, la violación de las comunicaciones, entre otras.
El desarrollo de la política de Estados Unidos a partir del 11-S viró hacia ese nuevo concepto de seguridad que se concretó en la creación del Department of Homeland Security y en la aprobación en el Congreso de la National Security Strategy (2002) donde se define el terrorismo como la principal amenaza al país norteamericano.
Esta nueva estrategia de seguridad combina aspectos policiales, militares y de seguridad en todos los ámbitos de la vida nacional, tanto del espacio público como del ámbito privado, creando diversas agencias dedicadas a ejercer una estrecha vigilancia en aeropuertos, transportes, comunicaciones, transacciones financieras e internet, entre otros. Vigilancia que se realiza mediante la colaboración entre agencias estatales de seguridad, activos militares, compañías privadas de seguridad e industrias fabricantes de armas. Todo ello implica una fusión entre las esferas de política interior y exterior de los estados y, por ende, de la política de defensa y de seguridad; exigiendo un esfuerzo de colaboración entre los distintos actores de la sociedad, a saber, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, empresa privada y sociedad civil. Implica también, en consecuencia, un aumento de los presupuestos de defensa y de seguridad interna y, por tanto, el gasto militar. A nivel internacional implica la colaboración de los gobiernos aliados (por ejemplo, entre la UE y EE. UU.) en el trasvase de información y coordinación de los diferentes cuerpos de seguridad.
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